"English Only" en Florida: proyecto de ley eliminaría servicios gubernamentales en español — comunidad hispana reacciona
Un proyecto de ley en la Legislatura de Florida eliminaría la obligación de ofrecer servicios gubernamentales en español, incluyendo formularios del DMV, asistencia en cortes y materiales electorales. Más de 4 millones de hispanohablantes en el estado se verían afectados.
La Legislatura de Florida debate el proyecto de ley HB 2203, conocido informalmente como "English Only", que eliminaría la obligación de las agencias estatales y municipales de ofrecer servicios en idiomas distintos al inglés. Si se aprueba, Florida dejaría de proveer formularios del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), asistencia en cortes, materiales electorales y servicios de salud pública en español.
El proyecto afectaría directamente a más de 4 millones de residentes de Florida cuyo idioma principal es el español, incluyendo una proporción significativa de ciudadanos americanos mayores, personas con educación limitada en inglés y recién llegados legales que aún están en proceso de aprendizaje del idioma.
"Esto es una crueldad innecesaria", declaró la senadora estatal Ana María Rodríguez, una de las voces más críticas del proyecto. "Tenemos ciudadanos americanos que llevan décadas aquí, que pagan sus impuestos, que votan, y que simplemente nunca tuvieron la oportunidad de aprender inglés con fluidez. Quitarles los servicios en su idioma no los hace más americanos; solo los hace más vulnerables."
Los patrocinadores del proyecto argumentan que ofrecer servicios en otros idiomas desincentiva el aprendizaje del inglés y genera costos innecesarios para el estado. Estiman que Florida gasta $340 millones anuales en traducción e interpretación de servicios gubernamentales.
Organizaciones de derechos civiles señalan que el proyecto podría violar la Ley de Derechos Civiles de 1964 y las directrices federales sobre acceso a servicios para personas con dominio limitado del inglés. Si Florida elimina los servicios en español, podría perder financiamiento federal para programas de salud, educación y justicia.
La Cámara de Comercio Hispana de Tampa Bay, que representa a más de 2,000 empresas de propiedad latina, también se opone al proyecto, argumentando que dificulta la integración económica de nuevos inmigrantes y daña la imagen de Florida como destino de inversión latinoamericana. Se espera una votación en comité la próxima semana.